Esta noticia es buena. Sr.Chamizo: En Sevilla, las "dilaciones", el silencio administrativo, la pérdida de documentación entre las que se incluye la firma y ejecución de IPS con multas y cierres a los incumplidores ESTÁ A LA ORDEN DEL DÍA. Me alegra que se haya hecho eco de las quejas de esta vecina, pero he de comunicarle que como ella -ojalá el Consistorio "impulse el procedimiento, sé y mucho del calvario que debe estar sufriendo esta persona- en Sevilla capital y en la provincia, las quejas son innumerables. Somos muchos los que estamos padeciendo esta lacra. Insito ¿HASTA CUANDO DEBEMOS SEGUIR CONSINTIENDO LAS DILACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PRESERVAR NUESTROS DERECHOS CONFORME A LA LEY QUE NOS AMPARA?
SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz,
dirigida aún por José Chamizo, señala en una de sus últimas
resoluciones "las dilaciones" del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por
Juan Ignacio Zoido, en la tramitación" de un expediente sancionador
incoado contra una discoteca de la isla de la Cartuja. El Defensor del
Pueblo Andaluz señala que más de seis meses después del inicio del
expediente sancionador "no se ha producido ningún trámite posterior" y,
por eso, recomienda al Consistorio que "impulse el procedimiento".
En su resolución, fechada el 27 de mayo y recogida por Europa
Press, el departamento de Chamizo expone la queja de una vecina de
Sevilla sobre "los elevados niveles de ruido que sufría en su domicilio
como consecuencia de la actividad de una discoteca con terraza al aire
libre situada en la Isla de la Cartuja", toda vez que esta vecina
"comunicaba que en sucesivas ocasiones había trasladado los hechos al
Consistorio, pero éste no había solventado la situación".
INCOADO EXPEDIENTE SANCIONADOR
A cuenta de las gestiones emprendidas por la institución de
Chamizo, el 30 de enero de 2013 el Ayuntamiento daba cuenta de la
existencia de un "expediente" en el Servicio de Protección Ambiental, de
fecha 16 de octubre de 2012, "con propuesta de sanción de 4.000 euros
por ejercer la actividad excediéndose de las limitaciones fijadas en su
licencia y la existencia de elementos musicales" que excederían también
la licencia en cuestión. Este expediente, en ese sentido, estaba
acompañado de una "orden de retirada de los elementos de reproducción
sonora" y una "orden de clausura en caso de incumplimiento".
Tras reclamar más información sobre este expediente, los propios
técnicos de la Oficina del Defensor del Ciudadano examinaron la
documentación el 10 de abril de 2013, día en el que comprobaron que en
dicho expediente "únicamente se ha dictado la resolución de
acuerdo
de inicio del procedimiento sancionador", con lo que la citada
resolución del 16 de octubre de 2012 acordaba sólo "iniciar el
procedimiento".
"PROCEDÍA LA RETIRADA" DEL EQUIPO
Vista la documentación y los hechos, la Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz concluye que "la autorización que posee este local se
ciñe al desarrollo de la actividad de café-bar-terraza con música", lo
que "en modo alguno le permite" los 102 decibelios capaces de alcanzar
el equipo musical instalado en la sala. "Si la tenencia de ese equipo
musical no se ajustaba a la licencia concedida, procedía su retirada
(...) con un plazo suficiente para ello", señala la resolución del
departamento de Chamizo, que no encuentra "justificación alguna para que
el expediente no haya seguido el curso de su tramitación y, en su caso,
se haya dictado la resolución que imponga la sanción que corresponda,
así como las medidas accesorias que se consideren adecuadas".
"Pese a que se acuerda la incoación del expediente el 16 de
octubre de 2012, seis meses después todavía no se ha dictado resolución,
ni consta si se han personado los inspectores a verificar si en el
plazo de diez días se hubieran retirado los elementos de reproducción
sonora", señala el departamento de Chamizo atisbando una posible
"vulneración de los principios fundamentales de eficacia, eficiencia y
servicio a los ciudadanos por los que se rige la actuación de las
administraciones".
"PERJUICIOS A LA SALUD"
La resolución reconoce que "el plazo máximo para resolver el
procedimiento y notificarlo es de un año desde la fecha de la resolución
de inicio", pero avisa de que "los perjuicios a la salud que provocan
niveles de ruido por encima de los permitidos, y el hecho de
considerarse, en algunos casos, vulneración de derechos fundamentales,
como la intimidad o la inviolabilidad del domicilio, exigen de las
administraciones competentes un mayor compromiso de tramitación de los
expedientes sancionadores para evitar que las dilaciones frustren tanto
la protección de los derechos, como la propia finalidad punitiva de la
incoación".
Así, la resolución señala "las dilaciones que se observan en la
tramitación del expediente sancionador incoado a la discoteca, pues
desde que se dictara el acuerdo de inicio en fecha de 16 de octubre de
2012, no se ha producido ningún trámite posterior". En ese sentido, la
Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz reclama "que se impulse el
procedimiento a fin de que se dicte la resolución que proceda y se lleve
a término su ejecución".
