El exconcejal acusado por Alaya externalizó la norma que favoreció a los empresarios
El exconcejal del PP en Sevilla, Joaquín Peña, en un acto en 2010. / PACO PUENTES
El exconcejal del PP en Sevilla Joaquín Peña, imputado en el caso Madeja por pedir mordidas para su partido al dueño de la empresa Fitonovo entre otras irregularidades,
externalizó la redacción de la ordenanza de ruidos que benefició a los
empresarios de bares y terrazas. Peña, como jefe del área de Medio
Ambiente ignoró el dictamen de un funcionario que restringía la
implantación de estos establecimientos de ocio y defendía a los vecinos
que sufren los ruidos, para adjudicar la ordenanza a una empresa sin
experiencia previa a la que el propio exedil facilitó párrafos completos
para elaborar dicha norma.
En 2012 el gobierno del popular Juan Ignacio Zoido debía adoptar la ordenanza de ruidos a las normas de ámbito autonómico, nacional y europeo. Para ello era preceptivo restringir la emisión de ruidos que perturbara el descanso de los vecinos como los veladores, mesas en plena acera donde los clientes de los bares charlan de día y de noche. Sin embargo, la norma viró hacia una mayor permisividad gracias a la intervención directa del ex director general de Medio Ambiente, detenido durante la Operación Enredadera dirigida por la juez Mercedes Alaya.
Tras recibir hasta siete borradores de los funcionarios, Peña decidió desechar el trabajo de estos y contratar una empresa externa para elaborar dicha norma. El Ayuntamiento pagó a la firma Ingeniería Gancedo 21.500 euros, el tope de un contrato menor, por limitarse a asesorar para cambiar el borrador inicial de la ordenanza. Peña elaboró párrafos completos que la firma adjudicataria del concurso incluyó en la norma, según reconoció el propio empresario, Antonio Gancedo. El exconcejal, tras intercambiar múltiples correos con el empresario, suprimió el capítulo de veladores (que se han multiplicado en la ciudad) y permitió la apertura de bares en locales colindantes con viviendas, una prohibición vigente desde 2001 y que Peña revirtió en beneficio de los empresarios.
Gancedo relata que conocía a Peña por “proyectos anteriores” y que este personalmente le invitó al concurso, a pesar de carecer de experiencia en la redacción de ordenanzas de ruido. El empresario admite que ante las Administraciones su labor ha sido “acelerar los trámites para que se tomen interés por las licencias, ya que una licencia para un bar podía tardar un año y medio o dos años (…) Mi gestión es perseguir, perseguir, perseguir. Perseguir a los técnicos”. A continuación, quiso matizar sus gestiones ante los funcionarios: “No solo me dedico a esto. Es que suena un poco a conseguidor”.
Ingeniería Gancedo carece de página web y rotulación del negocio en su local. Sobre el hecho de que se ignorara la labor de los funcionarios, que habían redactado las ordenanzas anteriores, el empresario añade: "Mi trabajo de asesoramiento iba dirigido. A mí me pedían lo que querían que se fuese viendo. Todo lo que pensaba no estaba reflejado. Fueron muchos retoques (…) No hay que ser experto en acústica para redactar la ordenanza. Me parece que sí lo podía haber hecho un funcionario, pero por la información que me llegaba no se ponían de acuerdo".
El 17 de septiembre de 2012 se adjudicó el contrato, y Gancedo entregó el informe el 23 de noviembre. Es decir, 67 días después. Dado que el contrato se tasó en 21.500 euros, el Ayuntamiento pagó al ingeniero 425 euros por cada día laboral que transcurrió en esos dos meses. “Hay trabajos que cobras mejor y otros peor”, alegó el empresario.
Para justificar el contrato externo, Peña argumenta por escrito a este diario: “Se generó un clima de enfrentamiento y desconfianza con este técnico [el que redactó la ordenanza desechada] que ya no nos fiábamos de él (…) Después de siete borradores vimos que era imposible sacar un texto claro, comprensible y sin constantes renvíos que convertirían la ordenanza en arbitraria y sujeta a la discrecionalidad del técnico de Medioambiente de turno y con ello foco de a arbitrariedades y posible corrupción”.
En paralelo, la jefa de sección de Documentación y Administración, Estrella Sánchez, redactó el concurso para la ordenanza y asegura que el único criterio para ganar fue la propuesta más barata, sin que fuera relevante la experiencia de las firmas o la calidad de la propuesta. Sánchez argumentó que un incendio en la sede de Medio Ambiente multiplicó el atasco de los funcionarios con los expedientes, y que para la ordenanza se requerían “conocimientos técnicos especiales, así como experiencia en este tipo de trabajos de los que carece este servicio”. Sin embargo, hoy se arrepiente de sus argumentos: “Fue un informe poco acertado. Verdaderamente la redacción no está bien hecha. Preparados están preparados [los funcionarios]”. Estos funcionarios redactaron las anteriores ordenanzas vigentes en Sevilla desde 2001. Sin embargo, Sánchez afirma que ignoraba que uno de ellos había elaborado la adaptación de la ordenanza, a pesar de que Peña confirma que se trabajaron “siete borradores”.
Tras el aluvión de alegaciones presentadas por la oposición municipal y las asociaciones de vecinos, el Ayuntamiento rectificó en parte el texto presentado por Peña, aunque la mayoría de puntos controvertidos han permanecido al entrar en vigor finalmente el mes pasado.
La intención del Consistorio sevillano por dar manga ancha a los empresarios es clara. Los inspectores de Medio Ambiente llevan un año y medio sin salir a las calles a comprobar si los pubs incumplen la ley porque no les pagan las horas extra, y solo revisan entre las 8.00 y las 15.00, por lo que la mayoría de pubs quedan exentos. Los fines de semana la línea verde de la policía local mantiene una sola patrulla para vigilar toda la ciudad. El retroceso es claro y muy pocas de sus denuncias culminan con éxito tras pasar por Medio Ambiente, y concluyen con el precinto del local que hace las noches imposibles para los vecinos. Entre los incumplimientos reiterados, destacan las 17 terrazas en la ciudad con música en un espacio sin paredes, declaradas ilegales desde 2002, y que los gobiernos municipales han permitido de manera reiterada.
La normativa redactada por Gancedo se “inspira” en el texto de la ordenanza tipo de la FAMP, considera el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Jesús Jordano, en un informe en el que comparó ambos documentos para presentar alegaciones a la norma. “Transcribe de forma acrítica muchos de sus preceptos que, a menudo, conservan la numeración y título original o las partes esenciales”, matiza el experto. Jordano sí que admite que ambos textos difieren en algunos puntos, pero que este distanciamiento se produce “casi siempre en detrimento de la calidad ambiental acústica”, argumenta el catedrático. Es decir, los puntos que benefician a los empresarios. El ejemplo más claro es la supresión del capítulo que considera a los veladores como un emisor acústico y que sí aparece en la ordenanza tipo de la FAMP. Además, la norma prohibió de manera expresa que se midiera el ruido de los veladores.
La normativa de Peña establece que las mediciones de ruido en el exterior se deben realizar a partir de la 01.00. Esto impide entonces controlar el ruido de los veladores, ya que a esta hora deberían estar cerrados. “Joaquín Peña ha pagado 21.000 euros por modificar artículos clave para proteger a quien contamina”, se lamenta Emilia de la Serna, de la plataforma Juristas contra el Ruido. Mientras, el presidente de la asociación de terrazas de verano y bares de copas, Alfonso Maceda, admite que los veladores pueden molestar a los vecinos pero alega que el resultado final de la ordenanza les perjudica. “Como en esta ciudad no hay otros negocios, tenemos que poner veladores”, arguye.
En 2012 el gobierno del popular Juan Ignacio Zoido debía adoptar la ordenanza de ruidos a las normas de ámbito autonómico, nacional y europeo. Para ello era preceptivo restringir la emisión de ruidos que perturbara el descanso de los vecinos como los veladores, mesas en plena acera donde los clientes de los bares charlan de día y de noche. Sin embargo, la norma viró hacia una mayor permisividad gracias a la intervención directa del ex director general de Medio Ambiente, detenido durante la Operación Enredadera dirigida por la juez Mercedes Alaya.
Tras recibir hasta siete borradores de los funcionarios, Peña decidió desechar el trabajo de estos y contratar una empresa externa para elaborar dicha norma. El Ayuntamiento pagó a la firma Ingeniería Gancedo 21.500 euros, el tope de un contrato menor, por limitarse a asesorar para cambiar el borrador inicial de la ordenanza. Peña elaboró párrafos completos que la firma adjudicataria del concurso incluyó en la norma, según reconoció el propio empresario, Antonio Gancedo. El exconcejal, tras intercambiar múltiples correos con el empresario, suprimió el capítulo de veladores (que se han multiplicado en la ciudad) y permitió la apertura de bares en locales colindantes con viviendas, una prohibición vigente desde 2001 y que Peña revirtió en beneficio de los empresarios.
Gancedo relata que conocía a Peña por “proyectos anteriores” y que este personalmente le invitó al concurso, a pesar de carecer de experiencia en la redacción de ordenanzas de ruido. El empresario admite que ante las Administraciones su labor ha sido “acelerar los trámites para que se tomen interés por las licencias, ya que una licencia para un bar podía tardar un año y medio o dos años (…) Mi gestión es perseguir, perseguir, perseguir. Perseguir a los técnicos”. A continuación, quiso matizar sus gestiones ante los funcionarios: “No solo me dedico a esto. Es que suena un poco a conseguidor”.
Ingeniería Gancedo carece de página web y rotulación del negocio en su local. Sobre el hecho de que se ignorara la labor de los funcionarios, que habían redactado las ordenanzas anteriores, el empresario añade: "Mi trabajo de asesoramiento iba dirigido. A mí me pedían lo que querían que se fuese viendo. Todo lo que pensaba no estaba reflejado. Fueron muchos retoques (…) No hay que ser experto en acústica para redactar la ordenanza. Me parece que sí lo podía haber hecho un funcionario, pero por la información que me llegaba no se ponían de acuerdo".
El 17 de septiembre de 2012 se adjudicó el contrato, y Gancedo entregó el informe el 23 de noviembre. Es decir, 67 días después. Dado que el contrato se tasó en 21.500 euros, el Ayuntamiento pagó al ingeniero 425 euros por cada día laboral que transcurrió en esos dos meses. “Hay trabajos que cobras mejor y otros peor”, alegó el empresario.
Para justificar el contrato externo, Peña argumenta por escrito a este diario: “Se generó un clima de enfrentamiento y desconfianza con este técnico [el que redactó la ordenanza desechada] que ya no nos fiábamos de él (…) Después de siete borradores vimos que era imposible sacar un texto claro, comprensible y sin constantes renvíos que convertirían la ordenanza en arbitraria y sujeta a la discrecionalidad del técnico de Medioambiente de turno y con ello foco de a arbitrariedades y posible corrupción”.
En paralelo, la jefa de sección de Documentación y Administración, Estrella Sánchez, redactó el concurso para la ordenanza y asegura que el único criterio para ganar fue la propuesta más barata, sin que fuera relevante la experiencia de las firmas o la calidad de la propuesta. Sánchez argumentó que un incendio en la sede de Medio Ambiente multiplicó el atasco de los funcionarios con los expedientes, y que para la ordenanza se requerían “conocimientos técnicos especiales, así como experiencia en este tipo de trabajos de los que carece este servicio”. Sin embargo, hoy se arrepiente de sus argumentos: “Fue un informe poco acertado. Verdaderamente la redacción no está bien hecha. Preparados están preparados [los funcionarios]”. Estos funcionarios redactaron las anteriores ordenanzas vigentes en Sevilla desde 2001. Sin embargo, Sánchez afirma que ignoraba que uno de ellos había elaborado la adaptación de la ordenanza, a pesar de que Peña confirma que se trabajaron “siete borradores”.
Tras el aluvión de alegaciones presentadas por la oposición municipal y las asociaciones de vecinos, el Ayuntamiento rectificó en parte el texto presentado por Peña, aunque la mayoría de puntos controvertidos han permanecido al entrar en vigor finalmente el mes pasado.
La intención del Consistorio sevillano por dar manga ancha a los empresarios es clara. Los inspectores de Medio Ambiente llevan un año y medio sin salir a las calles a comprobar si los pubs incumplen la ley porque no les pagan las horas extra, y solo revisan entre las 8.00 y las 15.00, por lo que la mayoría de pubs quedan exentos. Los fines de semana la línea verde de la policía local mantiene una sola patrulla para vigilar toda la ciudad. El retroceso es claro y muy pocas de sus denuncias culminan con éxito tras pasar por Medio Ambiente, y concluyen con el precinto del local que hace las noches imposibles para los vecinos. Entre los incumplimientos reiterados, destacan las 17 terrazas en la ciudad con música en un espacio sin paredes, declaradas ilegales desde 2002, y que los gobiernos municipales han permitido de manera reiterada.
Una docena de artículos similares
Las similitudes entre el texto entregado por el empresario Antonio Gancedo y el del funcionario no dejan lugar a dudas. Los primeros artículos de ambos textos se asemejan hasta el punto de tener el mismo título y, conforme avanzan ambos documentos, se pueden leer más de una docena de artículos con párrafos idénticos o con escasos cambios en la redacción. Paradójicamente, el texto del funcionario fue acogido por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) como modelo a seguir por los Ayuntamientos andaluces.La normativa redactada por Gancedo se “inspira” en el texto de la ordenanza tipo de la FAMP, considera el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Jesús Jordano, en un informe en el que comparó ambos documentos para presentar alegaciones a la norma. “Transcribe de forma acrítica muchos de sus preceptos que, a menudo, conservan la numeración y título original o las partes esenciales”, matiza el experto. Jordano sí que admite que ambos textos difieren en algunos puntos, pero que este distanciamiento se produce “casi siempre en detrimento de la calidad ambiental acústica”, argumenta el catedrático. Es decir, los puntos que benefician a los empresarios. El ejemplo más claro es la supresión del capítulo que considera a los veladores como un emisor acústico y que sí aparece en la ordenanza tipo de la FAMP. Además, la norma prohibió de manera expresa que se midiera el ruido de los veladores.
La normativa de Peña establece que las mediciones de ruido en el exterior se deben realizar a partir de la 01.00. Esto impide entonces controlar el ruido de los veladores, ya que a esta hora deberían estar cerrados. “Joaquín Peña ha pagado 21.000 euros por modificar artículos clave para proteger a quien contamina”, se lamenta Emilia de la Serna, de la plataforma Juristas contra el Ruido. Mientras, el presidente de la asociación de terrazas de verano y bares de copas, Alfonso Maceda, admite que los veladores pueden molestar a los vecinos pero alega que el resultado final de la ordenanza les perjudica. “Como en esta ciudad no hay otros negocios, tenemos que poner veladores”, arguye.
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