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MANUEL JESÚS FLORENCIO
Actualizado: 28/12/2014 10:45 horas
FALTAN CINCO meses para las elecciones municipales y Zoido se enfrenta al problema de rendir cuentas de sus promesas, las materiales y las inmateriales. A pesar de que en 2011 ya llevábamos tres años de crisis y de recortes, no tuvo empacho en prometer desde una treintena de parkings hasta 4.000 VPO, pasando por un Palacio de los Deportes con pistas de nieve artificial en Los Bermejales. Una carta a los Reyes Magos cuyo coste se estimó entre 3.000 y 4.000 millones de euros. También incluyó entre las promesas inmateriales -por no implicar un coste- la de acabar con la botellona y sus ruidosos efectos desde Los Remedios a la Alameda, pasando por el Arenal y la Alfalfa, especialmente. A la vista está que el fenómeno no sólo no ha ido a menos, sino a más, hasta el punto de que tras la rebelión vecinal en la Alfalfa se ha organizado un frente de residentes martirizados por el ruido, los detritus y demás efectos de la conversión de la calle en bar al aire libre: Sevilla degradada. La nueva ordenanza Para los portavoces de los colectivos integrados en la plataforma vecinal, el golpe de gracia y la decepción mayor ha sido la aprobación de la nueva ordenanza municipal contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones, que al margen de su polémico contenido ha costado a los sevillanos 21.500 euros, cuando debió tener coste cero si se hubiera cumplido otra de las promesas del alcalde: el gobierno de los funcionarios en el Ayuntamiento. Pues bien, un técnico del área de Medio Ambiente se pasó un año redactando la nueva ordenanza contra el ruido, en la que, conforme a las demandas sociales, se imponían controles y límites más estrictos a la hostelería. Sin embargo, el Ayuntamiento orilló su propio proyecto y convocó un concurso restringido entre tres empresas, tras el cual adjudicó por 21.500 euros el encargo de cambiar el texto a una firma de ingeniería sin experiencia previa en este campo. Un análisis comparativo del proyecto redactado por el funcionario municipal durante un año y el entregado en tan sólo 67 días por la empresa externa revela la existencia de asombrosas similitudes y un mero cambio de sitio de artículos cuasi idénticos para disimular, y que las variaciones introducidas lo fueron en detrimento de la calidad ambiental acústica y en beneficio de la hostelería. Regresión Se aplicó la táctica del dedo y la Luna: mientras la gente y los medios de comunicación se fijaban en detalles anecdóticos que hasta salieron en los telediarios nacionales, como la prohibición de jugar al dominó en los bares por el ruido del golpe de las fichas sobre la mesa, se autorizaban veladores en zonas acústicamente saturadas, se denegaba la consideración del velador como emisor de ruido y se autorizaban karaokes, academias de baile y otro tipo de negocios ruidosos en locales colindantes a viviendas, pese a que estaba prohibido desde el año 2001. Es evidente, pues, que con Zoido como alcalde se ha producido una regresión en la lucha contra la contaminación acústica en la ciudad invadida por los 10.000 veladores con el permiso y la complacencia municipales, ya que no en vano la Hacienda local ingresa entre 2,5 y 3 millones de euros por esta ocupación de la vía pública. Y mientras el Ayuntamiento en el que supuestamente iban a gobernar los funcionarios tiraba a la papelera el proyecto de ordenanza antirruidos de su técnico en Medio Ambiente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) lo adoptaba y lo recomendaba a todos los ayuntamientos de Andalucía como el modelo a seguir. La inspección En este marco, Zoido se cayó del caballo camino del mapping y ordenó 117 inspecciones de bares de copas en fin de semana, cuya consecuencia ha sido la clausura de una docena de locales porque sus clientes contravenían no tanto la norma municipal como la ley 7/2006, de 24 de octubre o ley antibotellona, que prohíbe la ingesta de bebidas en la calle. Los dueños de los bares precintados han puesto el grito en el cielo por no haber recibido aviso previo de las consecuencias de la infracción, han calificado la actuación de «órdenes políticas» por las presiones vecinales y han dicho que si se cerraban sus locales entonces tendrían que cerrarse el 90% de los existentes. Así pues, el mismo sector evalúa en un 90% el incumplimiento de la ley en Sevilla. ¿Cómo cree entonces que se sienten los sufridos vecinos? Regresión Los propietarios de bares han hallado un inesperado aliado en el Sindicato Profesional de la Policía Municipal, que se ha expresado en la misma línea argumental: los agentes no han recibido órdenes, sino «presiones»; el precinto de locales sin aviso previo (alguno acumulaba hasta 17 denuncias en un año) ha sido una medida «extrema» y no se ha realizado «un trabajo persuasivo» en vez de represivo. El SPPM debería explicarles a los sevillanos por qué entonces los agentes recaudan para el Ayuntamiento 25 millones de euros en multas de tráfico cada año y no les dan a los conductores sancionados ese mismo trato que reclama para los bares de «solucionar las posibles infracciones» con una segunda oportunidad. Desde el Arenal y la Alameda se ha aplaudido por primera vez al alcalde por aplicar una ley que por llevar vigente ocho años no necesita de avisos previos. Aunque lo tachen de electoralista u oportunista, Zoido aún tiene cinco meses para redimirse a los ojos de los vecinos.
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