La nueva ordenanza sevillana de veladores, vigente desde mayo, suscita el rechazo de asociaciones de vecinos y muchos hosteleros
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Clientes sentados en la calle Betis,
“Dos cervecitas y unos caracoles, por favor”. El camarero sonríe a la pareja, asiente y se da la vuelta. Esta es la primera comanda de una noche de cuatro horas en un bar de Triana (Sevilla). El tiempo transcurre vertiginosamente y, de repente, el reloj ya marca la 1.47. Por un momento, el trabajador piensa que hace más de un cuarto de hora que debería haber recogido los veladores. Mira las mesas y todas están ocupadas, así que desecha la idea y continúa con su labor.
La situación se reproduce en la mayoría de los establecimientos hosteleros de alrededor. Casi ningún local recoge su mobiliario exterior antes de las dos de la madrugada. Este es el límite impuesto por la anterior ordenanza de veladores, que ha sido reducido en media hora por la nueva norma del gobierno municipal del PP. La última campaña de inspección de la Gerencia de Urbanismo se ha saldado con la apertura de expedientes sancionadores contra 27 negocios, de los 400 establecimientos supervisados.
Todos los bares que obtuvieron su licencia antes de mayo de este año —fecha de entrada en vigor de la nueva propuesta— se rigen hasta final de 2013 por la antigua ordenanza, menos restrictiva y sin distinción de áreas. La nueva normativa vigente establece la recogida de mesas, en los bares de las zonas acústicamente saturadas (ZAS), a las 23.30. Para el resto de áreas, la retirada de veladores debe realizarse a la 1.30 como máximo.
Sea cual sea la norma a aplicar, hay barrios en los que no se cumple. Al menos, no en la mayoría de los bares de cinco de las 12 zonas sevillanas que sufren exceso de ruido. Ecologistas en Acción, la Plataforma por el Descanso en Sevilla y más de 100 asociaciones de la capital hispalense rechazan la normativa del Ayuntamiento y pretenden que rectifique. En un discurso conjunto califican las disposiciones aprobadas como “un paso atrás”. Denuncian que los vecinos afectados “superan los 100.000” y que, según sus estimaciones, “los veladores legales e ilegales rondan los 20.000”.
Aunque no está claro el número exacto, no hay más que darse una vuelta para toparse con establecimientos abiertos fuera del horario permitido. El encargado de un bar de Triana, que se niega a dar su nombre por temor a un aumento de las inspecciones, afirma que nadie conoce la ordenanza. “Hace un par de semanas vino la Policía Local por una pelea que hubo, y luego se acercó para decirme que debía recoger las cosas, que solo podía tener los veladores puestos hasta las tres de la madrugada”. Asegura que comprende las molestias que causa el ruido a los vecinos, con los que dice llevarse bien. “A mí me da pena por ellos, pero ¿qué hago? Tengo un bar. Pueden decirme que su hijo no duerme, pero es que si yo no estoy poniendo copas hasta las tres, el mío no come”.
Ahora son las dos, y han pasado cuatro horas desde la última visita policial. “Instalar terrazas de veladores careciendo de autorización”, reza la multa que le han puesto y que contempla una sanción de 300 euros por mesa. El encargado asegura que lleva desde 2010 pidiendo la autorización necesaria para no ser sancionado y nunca ha recibido respuesta, así que este año, afirma, ni lo ha intentado.
En apenas 100 metros hay otros dos establecimientos con sus sillas y mesas en la acera, ambos sin licencia, según confirman sus dueños. José Luis Domínguez, propietario de un bar en la calle Betis (Triana) ha entregado la solicitud para la instalación de veladores, y está a la espera de que se la concedan. No conoce tampoco la ordenanza. “Si no se pueden pasar bar por bar informando, tampoco deberían pasarse bar por bar denunciando”, opina. Y añade:“Nadie está al día de esas cosas y, si te preocupas y te lo lees, tampoco te enteras de nada”. Afirma que un policía le dijo que hasta enero del año que viene iban a tener “más permisividad”, y que él solo quiere que su negocio sea legal. “Ahora mismo, el 95% del beneficio son los veladores”, expone, y asegura que en la calle Betis —una de las más famosas de Triana— “no se conceden licencias”.
Una portavoz de la Gerencia de Urbanismo asegura que con la nueva norma se agilizan los trámites para renovar las licencias expedidas, pero a cambio refuerza las inspecciones a posteriori. Explica que el que abre un establecimiento en una zona acústicamente saturada, “sabe a lo que se expone” y que “se han mantenido reuniones con todos los afectados por la ordenanza”.
En estos encuentros ha participado la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla. Su gerente, José Luis Camarero, no parece descontento con la norma, aunque sostiene que hay grandes diferencias en el régimen disciplinario entre las provincias andaluzas, pues las sanciones para las infracciones calificadas como muy graves van de los 6.000 euros a los 120.000 en Sevilla; mientras en Málaga y Jaén no exceden de 3.000 euros.
A julio de 2013, en Sevilla se han expedido 853 renovaciones de licencias y 415 más otorgadas por primera vez o con cambios sustanciales que implican una nueva solicitud, según fuentes del Ayuntamiento. En cada una de estas 1.268 licencias se concede un número distinto de veladores, por lo que el balance total de estos se eleva a 10.035 veladores legales.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y especializado en medio ambiente Jesús Jordano elaboró por encargo de una asociación contra el ruido un dictamen sobre la nueva ordenanza, remitido después al Ayuntamiento. En el informe se advierte de que hay nulidad de pleno derecho en algunas partes de la ordenanza de veladores, que se consideran emisores de ruido. Un ejemplo es que la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (GICA) exige un estudio y una calificación ambiental para otorgar estas licencias y esto no lo contempla la norma municipal. Tampoco se recoge para la concesión de licencias la notificación a los vecinos sobre la instalación de veladores en su zona, y su valoración sobre ello. “Antes se comunicaba al presidente de la comunidad, ahora ni eso”, explica Jordano. El experto asegura que la ordenanza es más permisiva de lo que parece, pues durante los días festivos el cierre se retrasa una hora. Expone que “hay mucha gente que está sufriendo con esto” e insiste en los perjuicios que causa el ruido en la salud. Jordano añade que en España no hay cultura de denunciar estas situaciones y que quien lo hace está desesperado. “Esto nos puede costar dinero a todos, porque los tribunales van a tener que dar la razón a los afectados”, dice. Entiende que esta normativa puede generar responsabilidad patrimonial y afirma que el Consistorio debe aliviar el desempleo, pero sin perjudicar a la gente.
El jurista, que acaba de trabajar de modo altruista para el Ayuntamiento en una comisión, insiste en que no es una cuestión política y que el PSOE, en la anterior legislatura, no lo hizo mejor. “Esto es una función pública que se está omitiendo. Lo más grave es que se ha obligado a vecinos y hosteleros al enfrentamiento directo del problema”, afirma.
El experto propone varias soluciones: un mejor diseño urbanístico, respetar y restringir el número de veladores en zonas de viviendas, aprovechar las zonas adecuadas para terrazas (como los parques), adecuar sillas y persianas para evitar que contribuyan al ruido y decomisar el mobiliario cuando sea preciso. Esto último es exactamente lo que hace el Ayuntamiento de Málaga, que sigue su cruzada contra la ocupación ilegal de la vía pública y ha logrado reducirla de un 62% a un 10%.
Las asociaciones vecinales sostienen que en la práctica hay más —refiriéndose a las terrazas ilegales— y muchos hosteleros replican que los mismos ciudadanos son los principales usuarios. Lo único en lo que coinciden es en la necesidad de encontrar, cuanto antes, “una solución para todos”.
La situación se reproduce en la mayoría de los establecimientos hosteleros de alrededor. Casi ningún local recoge su mobiliario exterior antes de las dos de la madrugada. Este es el límite impuesto por la anterior ordenanza de veladores, que ha sido reducido en media hora por la nueva norma del gobierno municipal del PP. La última campaña de inspección de la Gerencia de Urbanismo se ha saldado con la apertura de expedientes sancionadores contra 27 negocios, de los 400 establecimientos supervisados.
Todos los bares que obtuvieron su licencia antes de mayo de este año —fecha de entrada en vigor de la nueva propuesta— se rigen hasta final de 2013 por la antigua ordenanza, menos restrictiva y sin distinción de áreas. La nueva normativa vigente establece la recogida de mesas, en los bares de las zonas acústicamente saturadas (ZAS), a las 23.30. Para el resto de áreas, la retirada de veladores debe realizarse a la 1.30 como máximo.
Sea cual sea la norma a aplicar, hay barrios en los que no se cumple. Al menos, no en la mayoría de los bares de cinco de las 12 zonas sevillanas que sufren exceso de ruido. Ecologistas en Acción, la Plataforma por el Descanso en Sevilla y más de 100 asociaciones de la capital hispalense rechazan la normativa del Ayuntamiento y pretenden que rectifique. En un discurso conjunto califican las disposiciones aprobadas como “un paso atrás”. Denuncian que los vecinos afectados “superan los 100.000” y que, según sus estimaciones, “los veladores legales e ilegales rondan los 20.000”.
Aunque no está claro el número exacto, no hay más que darse una vuelta para toparse con establecimientos abiertos fuera del horario permitido. El encargado de un bar de Triana, que se niega a dar su nombre por temor a un aumento de las inspecciones, afirma que nadie conoce la ordenanza. “Hace un par de semanas vino la Policía Local por una pelea que hubo, y luego se acercó para decirme que debía recoger las cosas, que solo podía tener los veladores puestos hasta las tres de la madrugada”. Asegura que comprende las molestias que causa el ruido a los vecinos, con los que dice llevarse bien. “A mí me da pena por ellos, pero ¿qué hago? Tengo un bar. Pueden decirme que su hijo no duerme, pero es que si yo no estoy poniendo copas hasta las tres, el mío no come”.
Ahora son las dos, y han pasado cuatro horas desde la última visita policial. “Instalar terrazas de veladores careciendo de autorización”, reza la multa que le han puesto y que contempla una sanción de 300 euros por mesa. El encargado asegura que lleva desde 2010 pidiendo la autorización necesaria para no ser sancionado y nunca ha recibido respuesta, así que este año, afirma, ni lo ha intentado.
En apenas 100 metros hay otros dos establecimientos con sus sillas y mesas en la acera, ambos sin licencia, según confirman sus dueños. José Luis Domínguez, propietario de un bar en la calle Betis (Triana) ha entregado la solicitud para la instalación de veladores, y está a la espera de que se la concedan. No conoce tampoco la ordenanza. “Si no se pueden pasar bar por bar informando, tampoco deberían pasarse bar por bar denunciando”, opina. Y añade:“Nadie está al día de esas cosas y, si te preocupas y te lo lees, tampoco te enteras de nada”. Afirma que un policía le dijo que hasta enero del año que viene iban a tener “más permisividad”, y que él solo quiere que su negocio sea legal. “Ahora mismo, el 95% del beneficio son los veladores”, expone, y asegura que en la calle Betis —una de las más famosas de Triana— “no se conceden licencias”.
Las sanciones para infracciones muy graves no exceden de los 3.000 euros en Málaga y Jaén, pero en Sevilla pueden llegar a los 120.000 euros
En la misma calle se encuentra una pasarela que lleva más de un año terminada y está formada por un mirador, un talud ajardinado y una plataforma flotante. La intención del Ayuntamiento, una vez que la Autoridad Portuaria dé luz verde por ser zona de su dominio, es sacar a concurso una concesión privada para la instalación de quioscos y terrazas de veladores. Una excepción permite a algunos restaurantes —siempre que cumplan una serie de requisitos— quedar excluidos de los efectos que implica la consideración de zona acústicamente saturada, que ostenta toda la calle. En este supuesto habría que encajar la concesión para permitir un horario que supere las 23.30.Una portavoz de la Gerencia de Urbanismo asegura que con la nueva norma se agilizan los trámites para renovar las licencias expedidas, pero a cambio refuerza las inspecciones a posteriori. Explica que el que abre un establecimiento en una zona acústicamente saturada, “sabe a lo que se expone” y que “se han mantenido reuniones con todos los afectados por la ordenanza”.
En estos encuentros ha participado la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla. Su gerente, José Luis Camarero, no parece descontento con la norma, aunque sostiene que hay grandes diferencias en el régimen disciplinario entre las provincias andaluzas, pues las sanciones para las infracciones calificadas como muy graves van de los 6.000 euros a los 120.000 en Sevilla; mientras en Málaga y Jaén no exceden de 3.000 euros.
A julio de 2013, en Sevilla se han expedido 853 renovaciones de licencias y 415 más otorgadas por primera vez o con cambios sustanciales que implican una nueva solicitud, según fuentes del Ayuntamiento. En cada una de estas 1.268 licencias se concede un número distinto de veladores, por lo que el balance total de estos se eleva a 10.035 veladores legales.
“Hay mucha gente que está sufriendo con el ruido”
A.P.C.El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y especializado en medio ambiente Jesús Jordano elaboró por encargo de una asociación contra el ruido un dictamen sobre la nueva ordenanza, remitido después al Ayuntamiento. En el informe se advierte de que hay nulidad de pleno derecho en algunas partes de la ordenanza de veladores, que se consideran emisores de ruido. Un ejemplo es que la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (GICA) exige un estudio y una calificación ambiental para otorgar estas licencias y esto no lo contempla la norma municipal. Tampoco se recoge para la concesión de licencias la notificación a los vecinos sobre la instalación de veladores en su zona, y su valoración sobre ello. “Antes se comunicaba al presidente de la comunidad, ahora ni eso”, explica Jordano. El experto asegura que la ordenanza es más permisiva de lo que parece, pues durante los días festivos el cierre se retrasa una hora. Expone que “hay mucha gente que está sufriendo con esto” e insiste en los perjuicios que causa el ruido en la salud. Jordano añade que en España no hay cultura de denunciar estas situaciones y que quien lo hace está desesperado. “Esto nos puede costar dinero a todos, porque los tribunales van a tener que dar la razón a los afectados”, dice. Entiende que esta normativa puede generar responsabilidad patrimonial y afirma que el Consistorio debe aliviar el desempleo, pero sin perjudicar a la gente.
El jurista, que acaba de trabajar de modo altruista para el Ayuntamiento en una comisión, insiste en que no es una cuestión política y que el PSOE, en la anterior legislatura, no lo hizo mejor. “Esto es una función pública que se está omitiendo. Lo más grave es que se ha obligado a vecinos y hosteleros al enfrentamiento directo del problema”, afirma.
El experto propone varias soluciones: un mejor diseño urbanístico, respetar y restringir el número de veladores en zonas de viviendas, aprovechar las zonas adecuadas para terrazas (como los parques), adecuar sillas y persianas para evitar que contribuyan al ruido y decomisar el mobiliario cuando sea preciso. Esto último es exactamente lo que hace el Ayuntamiento de Málaga, que sigue su cruzada contra la ocupación ilegal de la vía pública y ha logrado reducirla de un 62% a un 10%.
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