La ordenanza de ruidos, tras un proceso de un año de tramitación,
se aprobará mañana viernes en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Lo
hará en medio de un bronca que ya trasciende la política. El PSOE, a
través de su portavoz, Juan Espadas, recriminió que la nueva ley supone
«un retroceso y una marcha atrás», algo con lo que coinciden con la
Plataforma por el Derecho al Descanso, que afirma que «silencia los
derechos de los vecinos» por «permitir actividades con música de hasta
90 decibelios en edificios de viviendas y colindantes de las mismas».
Frente a las quejas, el Ayuntamiento defendió que la ordenanza saldrá
adelante después «de un año de estudio y análisis concienzudo de todas
las alegaciones» y alega que contará «por primera vez» con una
regulación de los veladores y la prohibición de que haya bares con
música.
Las quejas socialistas vienen tras una reunión que mantuvo Juan Espadas con representantes de Juristas contra el ruido, la Plataforma por el Derecho al Descanso y otras entidades que trabajan en la lucha contra la contaminación acústica. Así, asegura que la nueva norma permite la instalación de actividades con emisiones de hasta 90 decibelios en bloques de viviendas o inmuebles colindantes, no considera los veladores como elemento «emisor de ruido» y suprime la prohibición vigente de suspender la concesión de licencias para negocios o actividades emisoras de ruido en el caso de que un espacio sea declarado como zona acústicamente saturada (ZAS).
«El alcalde decía que iba a rebajar el problema del ruido mejorando las ordenanzas y ahora pretende sacrificarnos», afirmó Dolores Dávila, presidenta de la Pltaforma por el Derecho al Descanso. Emilia de la Serna, como vicepresidenta de la Plataforma Estatal contra el Ruido, manifestó que, a través del Defensor del Pueblo Andaluz y del Defensor del Ciudadano, llevan «un año y medio» intentando reunirse con el alcalde para debatir los términos de la nueva ordenanza. «No se puede aprobar en estas condiciones. Tiene un amplio rechazo de los afectados. Si no lo hacen, tomaremos las medidas a nuestro alcance, y si soy alcalde será derogada a partir de junio de 2015 para iniciar un proceso de diálogo», explicó en ese sentido el portavoz socialista, Juan Espadas.
Espadas incidió en que el texto aprobado inicialmente en solitario por el gobierno del PP ya suponía un «grave retroceso» que se puso de manifiesto durante el periodo de alegaciones, ya que «hay más de 200 personas y entidades que han presentado casi 1.000 alegaciones a la normativa acompañadas con casos de hasta 5.000 firmas de apoyo».
El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, defendió que la ordenanza «prima el derecho al descanso» y aclaró que «es un texto muy equilibrado, que permitirá que en Sevilla el desarrollo económico sea compatible con el derecho al descanso que tienen los ciudadanos y cuya protección es el fin último y objetivo prioritario del Gobierno municipal».
Vílchez precisó que «se regula por primera vez en Sevilla el ruido de los veladores», fijando medidas como la posibilidad de limitarlos y de reducir o suspender las licencias si se compruebe que se han superado los límites de ruido. Además, resaltó que se podrá exigir a las actividades que soliciten veladores en zonas de viviendas la instalación de un registrador de los niveles sonoros ambientales, con objeto de poder verificar qué grado de contaminación acústica generado. Con respecto a actividades con música, recalcó que «se restringe a locales que reúnan las condiciones técnicas especiales de insonorización, que estén ubicados donde no haya viviendas en el edificio».
Las quejas socialistas vienen tras una reunión que mantuvo Juan Espadas con representantes de Juristas contra el ruido, la Plataforma por el Derecho al Descanso y otras entidades que trabajan en la lucha contra la contaminación acústica. Así, asegura que la nueva norma permite la instalación de actividades con emisiones de hasta 90 decibelios en bloques de viviendas o inmuebles colindantes, no considera los veladores como elemento «emisor de ruido» y suprime la prohibición vigente de suspender la concesión de licencias para negocios o actividades emisoras de ruido en el caso de que un espacio sea declarado como zona acústicamente saturada (ZAS).
«El alcalde decía que iba a rebajar el problema del ruido mejorando las ordenanzas y ahora pretende sacrificarnos», afirmó Dolores Dávila, presidenta de la Pltaforma por el Derecho al Descanso. Emilia de la Serna, como vicepresidenta de la Plataforma Estatal contra el Ruido, manifestó que, a través del Defensor del Pueblo Andaluz y del Defensor del Ciudadano, llevan «un año y medio» intentando reunirse con el alcalde para debatir los términos de la nueva ordenanza. «No se puede aprobar en estas condiciones. Tiene un amplio rechazo de los afectados. Si no lo hacen, tomaremos las medidas a nuestro alcance, y si soy alcalde será derogada a partir de junio de 2015 para iniciar un proceso de diálogo», explicó en ese sentido el portavoz socialista, Juan Espadas.
Espadas incidió en que el texto aprobado inicialmente en solitario por el gobierno del PP ya suponía un «grave retroceso» que se puso de manifiesto durante el periodo de alegaciones, ya que «hay más de 200 personas y entidades que han presentado casi 1.000 alegaciones a la normativa acompañadas con casos de hasta 5.000 firmas de apoyo».
El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, defendió que la ordenanza «prima el derecho al descanso» y aclaró que «es un texto muy equilibrado, que permitirá que en Sevilla el desarrollo económico sea compatible con el derecho al descanso que tienen los ciudadanos y cuya protección es el fin último y objetivo prioritario del Gobierno municipal».
Vílchez precisó que «se regula por primera vez en Sevilla el ruido de los veladores», fijando medidas como la posibilidad de limitarlos y de reducir o suspender las licencias si se compruebe que se han superado los límites de ruido. Además, resaltó que se podrá exigir a las actividades que soliciten veladores en zonas de viviendas la instalación de un registrador de los niveles sonoros ambientales, con objeto de poder verificar qué grado de contaminación acústica generado. Con respecto a actividades con música, recalcó que «se restringe a locales que reúnan las condiciones técnicas especiales de insonorización, que estén ubicados donde no haya viviendas en el edificio».