Este miércoles finaliza el plazo para presentar alegaciones contra la nueva ordenanza de ruidos aprobada en pleno el 26 de julio. Por ello, agentes sociales de Sevilla presentarán mañana en dependencias municipales nuevos argumentos con el objetivo paralizar y modificar sustancialmente el texto propuesto por el Área de Medio Ambiente y redactado por una empresa privada por valor de 21.000 euros. De no ser escuchados advierten que pedirán a la Junta de Andalucía que solicite la impugnación de esta ordenanza.
Las demandas de estos agentes sociales, que reúnen a representantes vecinales del Casco Histórico, Triana, Los Remedios, Ronda Norte, Macarena, El Arenal, Casa de la Moneda, Estación de Córdoba, Santa Justa, Carretera de Carmona, Pumarejo, Prado, Plataforma por el Descanso, la Plataforma de Parques y Jardines, PEACRAM, CAIS y Ecologistas en Acción, así como particulares afectados por el ruido en Sevilla, cuentan además con 4.000 apoyos recogidos a través de la plataforma change.org.
Este colectivo denuncia que “la ordenanza de ruidos del Ayuntamiento de Sevilla copia malamente la FAMP, hecha por funcionarios de Sevilla, y se recortan artículos claves que protegen contra la contaminación”. Entre los puntos más polémicos de esta ordenanza se encuentra el tratamiento a los veladores: “La ordenanza de ruidos de Sevilla no sólo no trata al velador como emisor acústico sino que excluye la medición de ruidos. Se inspira en la ordenanza tipo de la FAMP, que parece que se excluye a los veladores pero a continuación incluye un capítulo completo y el artículo 62 con tres páginas, que se titula ‘El velador como emisor acústico’ y define todas y cada una de las medidas que hay que tomar en materia de veladores”, advierte Emilia de la Serna, portavoz de los afectados por este texto.
Asimismo, denuncia que “otro artículo de la ordenanza de veladores que permite megafonía en la calle cuando la de la FAMP la prohíbe expresamente, y el artículo 12 de la ordenanza que plantea el Ayuntamiento increíblemente vuelve a permitir lo que está prohibido desde 2001 con la actual ordenanza en vigor, que es la instalación en edificios de viviendas de discotecas, bares de copa y cualquier actividad que supere los 90 decibelios”, señala de la Serna.
En este sentido, Joaquín José Herrera, doctor en Derecho y especialista en contaminación acústica, apunta que “lo más injusto que tiene este texto es que después de un gran paso adelante importantísimo en 2001 donde establecía la no compatibilidad de edificios de viviendas con actividades contaminantes, volvemos a 13 años atrás y permitimos actividades contaminantes que, por sentido común, nunca pueden realizarse en edificios de viviendas. Esto raya la prevaricación”.
Por otro lado, desde este colectivo de vecinos indican que “la nueva ordenanza no incluye como emisor de ruido los conciertos en pequeñas flamencas. Excluye la medición y el tratamiento de conciertos en peñas flamencas, cuando la ordenanza de la FAMP exige autorización para cualquier tipo de concierto”.
Para dotar de más notoriedad al conjunto de alegaciones que este martes llegarán a dependencias municipales, los agentes sociales también presentan un dictamen del Catedrático de Derecho Administrativo, Jesús Gordano Fraga, que “demuestra la infracción flagrante de derecho comunitario”.
“Si aquí hay realmente un proceso democrático eso debería ser tenido en cuenta, si no se hace tendremos que solicitar la impugnación de la ordenanza y pedir responsabilidades”, alude Emilia de la Serna. Estos agentes sociales advierten de que acudirán a la Junta de Andalucía para pedir soliciten la suspensión cautelar de la ordenanza.
Los agentes sociales recuerdan que toda normativa medioambiental ha de ser elaborada conjuntamente con los agentes sociales. Por el contrario, denuncia que “hemos presentado documentos y se ha aprobado una ordenanza que no sólo no tiene en cuenta nuestras aportaciones, sino que se han usado en contra nuestra. De forma que lo que hemos denunciado como muy contaminante se ha blindado y se ha legalizado”, señala de la Serna.
Además critican falta de rigor técnico como la “ausencia de exposición e motivos” en el texto redactado por Gancedo Ingeniería, empresa que recibió 21.000 euros del erario público después de que la propuesta realizada por técnicos municipales “fuera ninguneada por el alcaldeZoido”, según agentes sociales. Según palabras de Joaquín Peña, director general de Medio Ambiente, en una visita a la junta municipal del Distrito Casco Antiguo, “se procedió a encargar la redacción del texto a una empresa privada por falta de acuerdo entre los técnicos municipales”.
Estas ordenanzas, según agentes sociales, permiten la apertura de una serie de “negocios contaminantes como los proyectos en Casa de La Moneda, Paseo del arte, terrazas de verano con música en directo y otros”. Y recuerdan que “estamos hablando de un problema de legalidad y de un problema de salud, hay muchas personas que no pueden vivir adecuadamente en sus casas”.
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