El Defensor culpa al Ayuntamiento de que sea rentable para los bares incumplir la ley

Esta es la realidad....y hay que cambiarla

Denuncia que el retraso en sancionar e inspeccionar las quejas por ruidos y veladores provoca “impunidad” . Mientras llega la sanción los locales siguen lucrándose y es “más ventajoso” pagar la multa que quitar mesas

Laura Blanco

11 abril 2013 - (2) comentarios

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Año tras año, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, tira de las orejas en su informe anual al Ayuntamiento de Sevilla por su falta de control sobre los veladores sin licencia o los bares que incumplen la normativa de ruidos de los que esta institución tiene conocimientos a través de las numerosas denuncias vecinales. No es un problema nuevo. Chamizo ha denunciado esta situación tanto durante el anterior mandato de PSOE e IU como tras la llegada al Gobierno municipal del PP, que durante la campaña electoral y tras tomar posesión prometió a diversas asociaciones vecinales meter mano al tema e incluso acaba de aprobar una nueva ordenanza que limita los horarios de apertura de los veladores y la concesión de licencias para éstos. Pero a tenor del informe del Defensor, el problema no es tanto de falta de normativa como de garantizar su cumplimiento y Chamizo alerta de que “lejos de que la situación se invierta, cada vez son más los casos en los que se detectan incumplimientos graves y reiterados” que provocan “una sensación de impunidad absoluta”. “Es más, nos atreveríamos a decir que incluso es una llamada al incumplimiento, ya que no son pocos los casos en los que hemos constatado que para la ciudadanía resulta más económico incumplir que cumplir la norma”, llega a decir.
Chamizo pone ejemplos concretos de los incumplimientos hallados tras las denuncias recibidas y su posterior investigación de cada una, que van desde denuncias de vecinos que “ni siquiera han sido tramitadas” a concesión de permiso para instalar velaciones a establecimientos cuya licencia es de bar con música –y que tienen vedadas las terrazas por la legislación vigente de espectáculos públicos y actividades recreativas– o la aceptación de cambios de titularidad de bares que llevaban años cerrados y se encuentran en zonas saturadas de ruidos. El Defensor atribuye esta “flexibilidad” para otorgar licencias y “laxitud” en el control a un intento de compensar, en un contexto de crisis económica, al sector de la hostelería de los efectos en sus negocios de la ley antitabaco. No obstante, alerta de que los beneficios logrados con la ley antibotellón, que sacó de las calles el consumo de alcohol en grupo, pueden verse empañados por la proliferación de veladores sin control. Propone que las licencias para éstos requieran una calificación ambiental como la requerida para los establecimientos interiores y que para su concesión se tenga en cuenta la calificación urbanística de la zona en la que se ubican.
Pero lo que a juicio del Defensor provoca que a los bares, incluso una vez sancionados, les sea rentable seguir incumpliendo la norma son las “dilaciones infinitas en la tramitación de expedientes sancionadores”. El informe alerta de “varios casos en los que el propio Ayuntamiento ha incoado expedientes ordenando la retiradas de veladores dispuestos careciendo de licencia pero en los que no ha iniciado expediente sancionador por tal infracción”.
El Defensor critica los “excesivos y reiterados retrasos” en la tramitación de los expedientes sancionadores por parte de la Gerencia de Urbanismo, que oscilan entre “unos cinco meses” para la imposición de multas coercitivas o “retrasos superiores a un año” en la realización de inspecciones “orientadas a verificar si los veladores habían sido o no retirados”. De hecho, alude a la queja de un vecina que denunció al Ayuntamiento en septiembre de 2009 “los excesivos niveles de ruidos que se veía obligada a soportar” por las terrazas de dos bares que, según pudo comprobar el Defensor al requerir información al Consistorio, en un caso carecía de licencia para veladores y en el otro la tenía pero para menos mesas de las que realmente ponía. En los tres años transcurridos la situación no se ha revertido, un tiempo en el que los dueños de los establecimientos “han seguido obteniendo un especial lucro como resultado de la persistencia en la ubicación de más veladores de los legalmente permitidos”. El lucro obtenido, dice Chamizo, es díficil de cuantificar pero “con total certeza superarán con creces el importe de las multas coercitivas que por valor de 1.200 euros en un caso y 600 euros en el otro les han sido impuestas por la autoridad municipal en el curso de estos tres años de actividad irregular”.
El Defensor señala que no se trata de un caso aislado sino que “a los infractores de la normativa les está resultando ecónomicamente más ventajoso incumplir que asumir los costes que lleva aparejado el cumplimiento estricto del ordenamiento. Y es evidente que así nunca podrá solucionarse el problema de la contaminación acústica”.
La contaminación acústica copa el 32,8% de las denuncias recibidas por el Defensor en materia ambiental (119 de las 362 quejas andaluzas sobre esta temática). En 2012, esta institución recibió 1.940 reclamaciones procedentes de Sevilla (995 de la capital y de ellas 432 contra el Ayuntamiento por diversas cuestiones). Las denuncias sevillanas relacionadas con el medio ambiente fueron un centenar, la mayoría vinculadas a los problemas de ruido.