Un juzgado de Elche ha admitido a trámite una querella criminal presentada por un particular contra el concejal ilicitano de Empresa y Empleo, Luis Ángel Mateo, del PP, por la "permisividad" de la administración local hacia un local de ocio que, presuntamente, supera el límite legal de decibelios.
El querellante es José Tormo, miembro de la asociación de Afectados por el Ruido de la ciudad, quien considera que el concejal ha podido incurrir en los presuntos delitos de contaminación acústica, prevaricación administrativa y lesiones.
Ha decidido presentar la querella por la situación de este local situado en el centro y bajo su vivienda porque entiende que opera sin licencia de funcionamiento y porque ha superado numerosas mediciones sonométricas realizadas por policía local y empresas externas.
Según ha destacado en declaraciones a los periodistas, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) obligaba al ayuntamiento ilicitano al cierre del establecimiento, pero el consistorio "ha realizado una interpretación distinta y se mantiene abierto, cuando no se ha probado que el ruido haya cesado".
Tormo ha relatado que desde hace más de una década vive un "calvario" debido a los "ruidos insoportables" en su casa procedentes del local durante el fin de semana, situación que ha causado problemas médicos a su familia y les ha empujado a trasladarse de vivienda durante las jornadas festivas.
En esta querella también aparecen los diferentes responsables del local durante varios años y el propietario del establecimiento, así como el ayuntamiento de Elche como responsable subsidiario en caso de indemnizaciones.
"Esto no es una decisión de un día. Me han hecho la vida imposible", ha dejado claro Tormo.
En la querella no aparecen los dos anterior concejales de esta área, los socialistas Federico Buyolo y Emilio Doménech, aunque también les ha responsabilizado de esta situación en menor medida, por lo que pide en la querella que se les investigue "para ver si también hay indicios de delito".
Por otra parte, la asociación ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el TSJCV contra los acuerdos del pleno municipal en diciembre de 2013 y junio de 2014 donde se aprobó el mapa acústico municipal.
Esos acuerdos derogaban los decretos del ayuntamiento de 1998 y 2000 que evitaban "que el casco histórico fuera una zona acústicamente saturada" para pasar a posibilitar "una barra libre para la creación de establecimientos, casi uno al lado del otro".
Por su parte, fuentes municipales han señalado a EFE que estudian la posibilidad de comentar lo sucedido, aunque no por el momento.
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